Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Se recurre una sentencia que desestima la pretensión de una pensión de viudedad de quien estando divorciada del causante por convenio en el divorcio se había pactado el abono de la cuota mensual de amortización del préstamo hipotecario e impuestos, situación que se trunca con el fallecimiento del exmarido. La Sala lo estima al entenderse que opera como una compensación la asunción de cualquier tipo de gastos (extraordinarios -que no se detallan- y ordinarios), funciona como elemento de compensación, además de la expresa indicación por el esposo de la existencia de desequilibrios producidos por el divorcio y la función compensadora que se pretende con la adjudicación del uso y disfrute de la vivienda a la esposa. Sintetizamos las pautas interpretativas que son: -No es posible ceñirse exclusivamente a la denominación que le otorguen las partes, debiendo acudirse a la verdadera naturaleza de la pensión fijada por el causante, como puede ser el reconocimiento de cualquier suma periódica. -La interpretación ha de ser finalista, esto es, tendente a paliar el desequilibrio surgido como consecuencia de la situación económica preexistente a la que se pone fin a raíz del óbito del exesposo. -La pensión de viudedad en caso de separación o divorcio no guarda relación con el estado de necesidad del beneficiario, sino con la pérdida del montante económico que desaparece a causa del fallecimiento del causante y que allegaba a la sociedad conyugal a cargo de éste.
Resumen: La deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquellos respecto de los que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que sean necesarios para la obtención de los ingresos, serán deducibles, en los términos previstos legalmente, mientras que cuando no exista esa vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente deducibles de la actividad económica. Esta correlación deberá probarse por cualquiera de los medios generalmente admitidos en derecho, siendo competencia de los servicios de comprobación e inspección del impuesto la valoración de las pruebas aportadas.La deducción de los gastos justificados en tiquets no es posible porque se trata de documentos que no reúnen los requisitos de las facturas y en los que ni siquiera está identificado el destinatario de tales servicios. Tampoco cabe deducir los gastos de automóviles en cuanto no se acredita la afectación exclusiva a la actividad económica.
